CERVANTES, TORTURADO, por Juan Albarrán

huesos cervantes

El pasado martes 17 de marzo, después de varios meses de investigaciones, el reputado antropólogo forense Francisco Etxeberría anunciaba en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Madrid que su equipo había encontrado los restos de Miguel de Cervantes —entre los de otros diecisiete cuerpos— en una cripta del convento de las Trinitarias. Ana Botella, después de afirmar que se trataba de “un día muy importante para España y nuestra cultura”, dejó claro que habría “dinero” para continuar con el proyecto cervantino. La voz de Etxeberría recibía los aplausos de los asistentes al acto, que estallaron de alegría al escuchar los argumentos de una autoridad científicamente cauta. Varios escritores y académicos, desde Francisco Rico a Caballero Bonald pasando por Andrés Trapiello, han relativizado la importancia del hallazgo e, incluso, han mostrado su temor ante una probable espectacularización del mismo, con el consiguiente intento por rentabilizar turística y políticamente los restos de un escritor poco leído y maltratado en su patria. La apisonadora mediático-electoral de la marca España amenaza con reducir los restos del genio a unos llaveros en forma de huesecillo con los que seducir al turista que se acerque por el Barrio de las Letras.

Francisco Etxeberría, la autoridad científica de esta historia, es un experto en huesecillos, muy conocido por sus peritajes y opiniones sobre los restos de los hijos de José Bretón —Ruth y José— o la muerte de la niña Asunta Basterra. Menos conocido, quizás, es su compromiso con proyectos mucho más espinosos en términos políticos, como la exhumación de fosas de fusilados durante el franquismo —que, a día de hoy, cuenta con bastante menos “dinero” que la de Cervantes— o su lucha contra la tortura en el País Vasco. De hecho, recientemente, Etxeberría lideró una investigación encargada por el Gobierno Vasco al Instituto Vasco de Criminología sobre la tortura en Euskadi. El informe, dado a conocer el pasado mes de febrero, recoge 3.587 casos de torturas perpetradas entre 1960 y 2010. La voz científica que verifica los restos del más insigne escritor de la patria española, la autoridad que valida las reliquias en un día tan importante para la nación y su cultura, esa misma voz denunciaba las peores atrocidades cometidas a la mayor gloria de España.

Etxeberría se ha convertido, hace apenas unos meses, en un personaje cinematográfico. En septiembre de 2014 se estrenaba el largometraje Lasa y Zabala, dirigido por Pablo Malo. La película ha estado envuelta en una agria polémica tanto por los hechos que narra como por haber recibido el apoyo económico del Gobierno Vasco, la ETB y la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobernada por Bildu. La crítica recibió con frialdad la cinta, acusada de maniqueísmo en el tratamiento de los personajes y el conflicto, así como de adolecer de intensidad y frescura narrativa. Lasa y Zabala obtuvo poca atención mediática y quedó muy lejos de las diez películas españolas más taquilleras en ese gran año para nuestro cine impulsado por Ocho apellidos vascos.

Sirviéndose de continuos flashbacks, Malo cuenta la historia de dos jovencísimos refugiados políticos secuestrados por el GAL en Bayona en 1983. En 1995, un policía español, el inspector jefe Jesús García (interpretado por Sergi Calleja) fuerza la reapertura de la investigación en torno a dos cuerpos sin identificar aparecidos en Busot, Alicante, en 1985. “Es mi trabajo. Otra cuestión es si la justicia está preparada para algo así”, dice a sabiendas de la enorme presión política que se desencadenaría. Reunido con los familiares de las víctimas, al recibir la noticia de la existencia de los cuerpos, el abogado Íñigo Iruin (Unax Ugalde) decide recurrir a un reputado experto, Paco Etxeberría (Xabi San Sebastián), quien, tras examinar los huesos y, especialmente, gracias a algunas particularidades en sus dentaduras, sentencia: “Puedo afirmar con total seguridad que esos cuerpos pertenecen a Joxean [Lasa] y a Joxi [Zabala]. (…) Esos chicos fueron torturados de forma salvaje”.

Lasa y Zabala 2

Lasa y Zabala 4

Lo fueron. De hecho, la película nos muestra escenas de tortura durante la detención en el donostiarra Palacio de la Cumbre. Ante la actitud un tanto sorprendida del Gobernador Civil de Guipúzcoa, el entonces Coronel Enrique Rodríguez Galindo (Francesc Orella) le espeta: “A estos desgraciados hay que tratarlos así. Si no, podemos estar hasta navidades”. La bolsa, la bañera, electrodos, golpes y amenazas aparecen descritos con crudeza en pantalla. Otro problema pasaría por dirimir si esas imágenes consiguen o no movilizar un sentimiento de repulsa en el espectador.

Tratando de respetar el sumario, la película se centra en la intensa batalla judicial protagonizada por el abogado de las familias, que trata de probar, en un proceso plagado de amenazas e incertidumbres, quiénes son los responsables de los asesinatos y torturas. Tanto en la película como en la realidad, Etxeberría fue la voz que identificó, que dio una identidad, a los cuerpos y que, además, determinó la causa de las muertes. Otra cosa bien distinta es encontrar a los culpables. Sin duda, los responsables de los, al menos, 3.587 casos de tortura verificados en el informe redactado por el equipo de Etxeberría podrían y deberían ser enjuiciados. Algo que parece casi imposible en un país que se niega a ver la realidad de la tortura, incapaz de confrontarse con la miseria moral que inunda sus cloacas. En España, la tortura no existe, no puede existir: la realidad consensual de nuestra democracia nos impide verla. Demasiadas veces se apela a las supuestamente falsas denuncias de los etarras para invalidar la totalidad de las mismas; demasiadas veces se plantea el problema acudiendo a una ecuación injustamente maniquea que presenta a los otros “torturables” —todos ellos, los inhumanos terroristas— como los enemigos de los respetables demócratas —nosotros, los buenos—. La ciencia de Etxeberría, la misma que abrió el camino para condenar a José Bretón o que arranca una sonrisa esperanzada a los hosteleros de la calle Huertas, no deja lugar a dudas. El referido informe sobre la tortura se asienta sobre un “protocolo pericial en la investigación de la fiabilidad de las denuncias de malos tratos y torturas”, basado a su vez en el Protocolo de Estambul —adoptado por la ONU en 2000—. Estas denuncias no pueden ya ser tenidas como simples acusaciones —falsas— de los etarras y su entorno. Recordemos que el soniquete oficial llegaba a insinuar que todo aquel que denunciase torturas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado era un etarra dispuesto a manchar el nombre de España. Etxeberría no sólo denuncia, demuestra. ¿Será también él, el prestigioso antropólogo que hemos visto junto a Ana Botella, un peligroso etarra? Nuestros gobernantes y conciudadanos no pueden seguir negándose a ver una realidad que, en opinión de Etxeberría, es mucho más triste de lo que su informe refleja, dado que afecta a muchos más casos de los hasta ahora documentados.

No deja de llamar la atención ver a la alcaldesa Botella posar para la foto junto a quien, científicamente, ha demostrado la barbarie que su partido político —y no es el único— niega a diario; la barbarie de la que, en cierta medida, su marido podría ser responsable. La ciencia que debe impulsar el consumo en el Barrio de las Letras y contribuir a olvidar su pésima gestión al frente del ayuntamiento, le juega a Botella —y, por extensión, a los que no pueden o no quieren creer que aquí se tortura— una mala pasada. Porque, si es Cervantes para nuestra España, ¿puede negarse, todavía, que se tortura por ella?

Botella y Etxeberria

El mismo día 17, pocos minutos antes de la rueda de prensa, Francisco Rico, uno de los mayores expertos mundiales en Cervantes, explicaba en los Desayunos de TVE que el escritor se convirtió en un fervoroso creyente durante sus últimos años de vida y que, desde su fe, quiso ser humildemente enterrado, amortajado con el hábito de San Francisco, orden a la que pertenecía. Rico entiende que es pertinente respetar la voluntad última de Cervantes, dejarlo reposar donde y como había elegido. ¿Cómo no respetar su descanso, su fe? Gracias al tesón del inspector García —fulminado por un infarto durante el juicio— y a la pericia de Etxebarría, los huesos de Lasa y Zabala pudieron recibir la sepultura dignificadora y el llanto de sus seres queridos. Sólo entonces —doce años después de su asesinato— se convirtieron en cuerpos “llorables”, en vidas ante cuya pérdida guardar duelo. Esa misma necesidad antropológica es la que, durante lustros, se les negó a los familiares de cientos de asesinados por ETA; la misma que impulsa a los familiares de los represaliados durante el franquismo a buscar a sus muertos en las cunetas de un país en que, parafraseando a Perlongher, “hay cadáveres”. Identificar los restos de Miguel de Cervantes, perturbar su descanso y traicionar su voluntad, lejos de potenciar su estudio o fomentar la lectura de sus textos, sólo parece tener como objetivo alimentar un rancio nacionalismo cultural. El mismo nacionalismo desmemoriado que niega a los familiares de quienes lucharon por nuestra democracia la posibilidad de restituir su memoria e, incluso, encontrar sus restos y llorar su vidas; el mismo nacionalismo que impide ver el terror tolerado por un Estado que ha torturado a miles de sus ciudadanos para salvaguardar esta paz perpetua. Al fin y al cabo, toda identidad cultural se construye sobre un complejo proceso de exclusiones e inclusiones, negar y afirmar, ocultar y echar luz; y siempre será mejor el humor desenfadado de Ocho apellidos vascos que la ignominia que se esconde tras los nombres de Lasa y Zabala.

 

J.A.

Descargar pdf. Juan Albarrán Diego, FAKTA, marzo 2015

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